Canal de denuncias obligatorio en España: qué es, a quién afecta y cómo cumplir la Ley 2/2023

Canal de denuncias obligatorio en España: qué es, a quién afecta y cómo cumplir la Ley 2/2023

Por el equipo de Lexlon · Mayo 2026 · 8 min de lectura

Por qué existe el canal de denuncias: el contexto europeo

En octubre de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como la Directiva Whistleblowing. Su objetivo era claro: proteger a las personas que, dentro de una organización, detectan una irregularidad y se atreven a comunicarla.

Hasta entonces, en la mayoría de países europeos denunciar una irregularidad interna era, en la práctica, un acto de valentía personal sin garantías legales. Las represalias —despidos, presiones, exclusión profesional— eran habituales y raramente sancionadas. La Directiva cambió eso: obligó a todos los Estados miembros a crear un marco legal que protegiera al informante y que exigiera a las organizaciones disponer de un canal interno para recibir esas comunicaciones.

España transpuso la Directiva con la Ley 2/2023, de 20 de febrero (BOE núm. 44). Desde su entrada en vigor, disponer de un canal de denuncias homologado ha dejado de ser una buena práctica para convertirse en una obligación legal exigible con sanciones de hasta un millón de euros.

Qué es exactamente un canal de denuncias

Un canal de denuncias —también llamado canal ético o sistema interno de información— es un mecanismo que permite a cualquier persona comunicar de forma anónima y confidencial una posible irregularidad detectada en el funcionamiento de una organización. No es un buzón de quejas ni un formulario de satisfacción. Tiene un marco legal específico con plazos, garantías y un responsable designado.

Puede usarlo cualquier persona que haya tenido relación con la organización: empleados actuales, extrabajadores, becarios, proveedores, clientes o candidatos en proceso de selección. Lo que se puede denunciar abarca infracciones penales, administrativas graves, incumplimientos de normativa de la UE en materias como contratación pública, servicios financieros, protección de datos, medio ambiente o blanqueo de capitales.

A quién obliga la Ley 2/2023: mucho más que las empresas de 50 empleados

El error más común es pensar que el canal de denuncias solo obliga a las grandes empresas. La ley establece dos vías de obligación completamente independientes.

Por número de empleados. El artículo 10.1.a) obliga a todas las personas jurídicas del sector privado con 50 o más trabajadores.

Por actividad, sin importar el tamaño. El artículo 10.1.b) obliga también a las personas jurídicas que, con independencia de su número de trabajadores, estén incluidas en el ámbito de la normativa europea sobre blanqueo de capitales o servicios financieros. Esta vía remite directamente al artículo 2 de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales, que lista expresamente las actividades afectadas.

Entre los sectores obligados por actividad están las agencias y promotoras inmobiliarias y agentes de la propiedad (art. 2.1.l), los asesores fiscales, contables externos y auditores de cuentas (art. 2.1.m), los abogados cuando asesoran en operaciones de compraventa, gestión de fondos o constitución de sociedades (art. 2.1.ñ), los proveedores de servicios a sociedades (art. 2.1.o), las joyerías y comercios de metales preciosos (art. 2.1.q), el comercio profesional de objetos de arte y antigüedades (art. 2.1.r), las empresas de depósito, custodia o transporte de fondos (art. 2.1.t), los casinos, bingos y operadores de juego (art. 2.1.p y u), y los intermediarios de crédito y préstamos (art. 2.1.k).

Esta obligación solo aplica a personas jurídicas —SL, SA, cooperativas—. Los autónomos persona física que realizan estas actividades tienen otras obligaciones de la Ley 10/2010 pero no la de disponer de canal de denuncias de la Ley 2/2023.

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Qué requisitos debe cumplir el canal para ser legal

No cualquier canal vale. La Ley 2/2023 establece requisitos técnicos y procedimentales mínimos que el sistema debe cumplir.

El canal debe permitir denuncias anónimas y garantizar la confidencialidad del denunciante con cifrado, con acceso restringido exclusivamente al responsable designado (arts. 7.3 y 16). Debe existir comunicación bidireccional: incluso en denuncias anónimas, el denunciante tiene que poder recibir respuestas sin revelar su identidad (art. 9.1). La organización tiene un plazo máximo de 7 días naturales para confirmar la recepción de la denuncia (art. 9.1.a) y 3 meses para informar del resultado de la investigación, prorrogables por otros 3 meses (art. 9.1.c). Debe existir una persona nombrada expresamente como responsable del sistema, con garantías de independencia (art. 8). Si la organización tiene página web, debe incluir información sobre el canal en su página de inicio en sección separada (art. 6.3). Y debe mantenerse un registro confidencial de todas las comunicaciones recibidas (art. 13).

Las sanciones: hasta un millón de euros y responsabilidad personal del directivo

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) es el organismo supervisor desde 2025, con plena capacidad para iniciar expedientes e imponer sanciones.

No disponer de canal de denuncias cuando estás obligado se tipifica como infracción muy grave conforme al artículo 63.1.a). Para personas jurídicas la sanción oscila entre 600.001 y 1.000.000 €. Para personas físicas —el directivo o administrador responsable— entre 30.001 y 300.000 €. Ambas sanciones son independientes y pueden imponerse simultáneamente.

Además de las multas, las infracciones muy graves conllevan prohibición de contratar con el sector público hasta 3 años y pérdida de subvenciones o beneficios fiscales hasta 4 años. Lee más sobre las sanciones aquí.

Cómo cumplir la obligación sin complejidad ni coste excesivo

Lexlon es una plataforma diseñada específicamente para que empresas y profesionales obligados por la ley dispongan de un canal de denuncias homologado de forma inmediata, sin conocimientos técnicos ni asesoramiento previo.

Incluye formulario de denuncia anónima con cifrado extremo a extremo, canal bidireccional para comunicarse con el denunciante sin revelar su identidad, panel de gestión con alertas automáticas de plazos legales, acuse de recibo en 7 días, registro inmutable de comunicaciones, y URL pública para cumplir el requisito del artículo 6.3. Alta en 5 minutos. Sin permanencia. Sin coste de implantación. Desde 39 €/mes.

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Preguntas frecuentes sobre el canal de denuncias

¿Una empresa de menos de 50 empleados puede estar obligada? Sí. Si opera en alguno de los sectores del artículo 2 de la Ley 10/2010 y tiene forma jurídica societaria, está obligada con independencia de su tamaño.

¿Un autónomo persona física está obligado? No por la Ley 2/2023. El artículo 10.1.b) exige ser persona jurídica.

¿El canal debe estar en la web? Sí, si la empresa tiene página web. El artículo 6.3 obliga a incluirlo en la página de inicio en sección separada. Si no hay web, debe ser accesible por otros medios.

¿Cuánto tiempo tengo para responder a una denuncia? 7 días naturales para el acuse de recibo y 3 meses para informar del resultado, prorrogables por otros 3.

¿Puedo gestionar el canal yo mismo? Sí, designando a un responsable interno. También puedes externalizar la gestión. Lo que no puedes es no tenerlo. En este artículo puedes leer más sobre la designación del responsable.

¿Qué pasa si alguien hace una denuncia falsa? La ley protege al informante de buena fe pero prevé responsabilidad civil y penal para quien denuncie con manifiesta falsedad o ánimo de perjudicar (art. 32).

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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. Lexlon es una herramienta de software. Cada organización es responsable de verificar que su implementación cumple con todos los requisitos legales aplicables a su sector y circunstancias particulares.